La agricultura, en el corazón de Guatemala, se entrelaza con la historia, las tradiciones y las aspiraciones económicas del país. A lo largo de los siglos, desde las antiguas civilizaciones mayas hasta los agricultores modernos, las tierras guatemaltecas han sido testigo de cultivos que han alimentado y vestido a generaciones. Este sector no solo ha sostenido la economía nacional al ser una fuente primaria de exportaciones, sino que también ha formado parte integral de la identidad cultural del país, reflejándose en festivales, gastronomía y arte popular. Sin embargo, frente a esta rica herencia y relevancia, se encuentra un escenario de oportunidades no aprovechadas y desafíos sin enfrentar.

La verdadera magnitud y capacidad del sector agrícola guatemalteco, con su diversidad de cultivos y microclimas, espera ser plenamente reconocida y desarrollada. Si bien la naturaleza ha dotado a Guatemala de tierras fértiles y condiciones favorables, es la intervención humana a través de políticas adecuadas, reformas legales y estructuras fiscales orientadas al sector, lo que determinará si el país puede desbloquear el verdadero potencial agrícola que permanece latente. Es una llamada a repensar y reestructurar, para que la agricultura no solo sea un reflejo del pasado, sino también un pilar fortalecido para el futuro sostenible de Guatemala.

El peso de la agricultura en la economía guatemalteca

Desde los tiempos de los mayas, quienes desarrollaron sistemas agrícolas avanzados y cultivaron maíz, cacao, chiles, entre otros, Guatemala ha sido un epicentro agrícola en la región. Esta veneración hacia la tierra y sus frutos ha persistido a lo largo de los siglos, convirtiendo al país en un líder agrícola en Centroamérica. La rica diversidad topográfica de Guatemala, desde sus costas hasta sus tierras altas, permite que coexistan múltiples microclimas, resultando en la posibilidad de producir una amplia variedad de cultivos durante todo el año. Estos factores geográficos, combinados con una larga tradición agrícola, han llevado a que el sector desempeñe un papel crucial en el panorama económico, contribuyendo de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo de miles de guatemaltecos.

Sin embargo, es esencial mirar más allá de los logros históricos y reconocer las áreas de oportunidad. Aunque la agricultura ha sido un pilar para la economía guatemalteca, aún hay aspectos que requieren atención. Es necesario un enfoque renovado que busque la modernización de las técnicas agrícolas, la introducción de tecnologías más avanzadas y la adaptación a los cambiantes patrones de demanda en los mercados globales. La capacitación de los agricultores y la inversión en investigación y desarrollo son cruciales para llevar la agricultura guatemalteca al siguiente nivel. Además, un marco legal robusto y adaptado a las necesidades actuales del sector es imprescindible. Este marco no solo debe proteger los derechos de los agricultores, sino también incentivar prácticas sostenibles y promover la entrada de inversiones, garantizando así que el potencial agrícola de Guatemala se realice en su totalidad.

Ciclos de inversión en la agricultura

Al hablar del ciclo de inversión en la agricultura, nos referimos a una serie de fases secuenciales y conectadas entre sí que componen el proceso completo de la actividad agrícola. Estas etapas abarcan desde la preparación del suelo, la adquisición de semillas y otros insumos, pasando por la siembra, el crecimiento, el cuidado, la cosecha, y finalmente, la postcosecha, que incluye el procesamiento, almacenamiento y venta. Cada fase tiene particularidades específicas y, por ende, diferentes requerimientos económicos. La inversión no es estática; varía según la etapa del ciclo. Por ejemplo, la etapa de crecimiento puede necesitar inversión en semillas, almácigos, riego, fertilizantes y protección contra plagas, mientras que la postcosecha puede enfocarse en almacenamiento, procesamiento y logística.

El dinamismo de estos ciclos tiene una repercusión directa en la mano de obra. En ciertos momentos del año, la demanda de trabajadores puede ser mayor, como en tiempos de cosecha, donde la rapidez es esencial para evitar pérdidas. Por otro lado, durante las etapas de crecimiento, se puede requerir un seguimiento y cuidado más constante, pero con menos intensidad laboral. Esta fluctuación en la demanda de empleo tiene el potencial de revitalizar las economías locales. Si se gestionan adecuadamente estos picos de demanda laboral, se pueden establecer patrones de empleo estacional que, a pesar de su temporalidad, ofrecen a los trabajadores una fuente de ingreso más predecible. Además, al generar empleo en las zonas rurales, se contrarresta la migración hacia las áreas urbanas y hacia el extranjero, fortaleciendo la economía local y permitiendo a las comunidades rurales mantener y desarrollar su tejido social y cultural.

La necesidad de una reforma fiscal para el sector agrícola

El mundo agrícola opera bajo dinámicas estacionales únicas, donde cada fase a partir de la preparación del terreno hasta finalizar con la recolección requiere de inversiones financieras y temporales específicas. Sin embargo, el actual esquema fiscal guatemalteco no parece reflejar esta realidad intrínseca del sector. La estructura tributaria, en su diseño tradicional, impone cargas uniformes a lo largo del año y del proceso productivo, sin considerar que los ingresos de los agricultores fluctúan de acuerdo con las temporadas de cosecha y los procesos de inversión en el sector agrícola.

Este desajuste entre el momento de la imposición fiscal y los flujos de ingresos de la agricultura conduce a desafíos financieros significativos. Por ejemplo, un agricultor puede encontrarse en la posición de tener que pagar impuestos en un momento en que aún no ha obtenido ingresos de su cosecha. Esta incongruencia puede llevar a endeudamientos, ventas anticipadas a precios no óptimos o, en el peor de los casos, a la quiebra.

La propuesta de una reforma que contemple deducciones o ajustes fiscales según la fase del ciclo agrícola no busca otorgar privilegios indebidos al sector, sino más bien nivelar el campo de juego. Al adaptar el sistema tributario a la realidad agrícola, se estaría reconociendo y valorando las particularidades de una industria que es esencial para la economía y la seguridad alimentaria del país.

En este sentido, un régimen fiscal adaptativo podría considerar, por ejemplo, períodos de gracia en los momentos de mayores inversiones o deducciones que reconozcan las inversiones en tecnologías sostenibles y renovables. Estas adaptaciones no solo apoyarían la estabilidad financiera de los agricultores, sino que también incentivaría prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles. Cualquier inversión en la agricultura redituará en beneficios para los agricultores y para el país.

Por lo tanto, es fundamental que la legislación fiscal evolucione para ser realmente representativa y justa, reflejando las particularidades y desafíos que enfrenta el sector agrícola en su día a día. Una normativa fiscal moderna y adaptada no sólo fortalecerá la posición de los agricultores, sino que también incentivará la inversión y la innovación en el campo, impulsando así todo el potencial agrícola de Guatemala.

Al evaluar las políticas fiscales desde una perspectiva a corto plazo, podría surgir la preocupación de que modificar el sistema impositivo en función de los ciclos agrícolas podría mermar los ingresos inmediatos del Estado. Sin embargo, es esencial reconocer que la salud económica y fiscal de un país no se mide únicamente por sus ingresos a corto plazo, sino por su capacidad para garantizar un crecimiento sostenido y equilibrado en el tiempo.

Una agricultura que no esté agobiada por cargas fiscales desproporcionadas en sus etapas más vulnerables tendrá una mayor capacidad para reinvertir en tecnologías, infraestructura y formación de capital humano. Estas inversiones, a su vez, potencian la productividad y competitividad del sector en el escenario nacional e internacional.

Adicionalmente, al reducir la presión fiscal en momentos críticos, es probable que más agricultores se sientan incentivados a formalizar sus actividades, expandir sus operaciones y explorar nuevos mercados. Una mayor formalización significa una base imponible más amplia, lo que eventualmente se traducirá en una mayor captación de recursos por parte del Estado.

Más allá de la mera recaudación, un sector agrícola dinámico y en crecimiento tiene un efecto multiplicador en la economía. La demanda de insumos, servicios y mano de obra aumenta, impulsando otros sectores y generando empleo. Al mismo tiempo, una agricultura próspera garantiza la seguridad alimentaria, reduce la dependencia de importaciones y potencia las exportaciones.

En resumen, adaptar la fiscalidad a las realidades agrícolas no solo se traduce en un sector agrícola más resiliente, sino también en un entorno económico más dinámico y estable. La visión a largo plazo debe prevalecer sobre las consideraciones inmediatas, y Guatemala tiene la oportunidad de liderar un cambio que no solo beneficiará a los agricultores, sino que sentará las bases para un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.

El desarrollo de la agricultura guatemalteca no solo es una cuestión de tradición o cultura, sino también de economía y justicia fiscal. Establecer un marco legal y fiscal adaptado a sus necesidades es sembrar para un futuro más próspero, no solo para el sector agrícola sino para todo el país. Es hora de reconocer el potencial y actuar en consecuencia.

Rodolfo Salazar
Partner
Guatemala
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