Perspectivas sobre la Corrupción en América Latina 2024

Como parte de la iniciativa liderada por la firma Miller & Chevalier Chartered de evaluar periódicamente el impacto de la corrupción en los negocios, se publicó la “Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2024”, cuyos resultados fueron discutidos y analizados el pasado 25 de abril en el “Panel sobre la Corrupción en América Latina 2024”. El panel contó con la destacada participación de Alejandra Montenegro Almonte y Gregory Bates, socios de Miller & Chevalier Chartered y fue moderado por Juan Carlos Tristán, socio de BLP.

Esta encuesta, que inició en el año 2008, busca, como parte de sus objetivos, brindar recomendaciones sobre cómo atacar la corrupción en la región y mitigar los riesgos identificados. La edición 2024 fue realizada en colaboración con 14 firmas legales de Latinoamérica, entre las cuales destaca BLP.

Dentro de los resultados publicados este año, se refleja que el 80% de los 1072 encuestados, indican que sus empresas han tomado medidas para protegerse del riesgo de corrupción. Por su parte, el 41% considera que sus empresas han perdido negocios frente a competidores que han realizado pagos ilícitos, versus el 47% que contestó afirmativamente en el año 2020.

En el caso de Costa Rica, se concluyó que el 88% de las empresas realizan capacitaciones en materia anticorrupción y el 82% cuenta con políticas en esta materia. Adicionalmente, el 43% considera que la corrupción no es un obstáculo importante para desarrollar sus negocios en el país, mientras que el 20% considera que sí lo es.

En cuanto al enjuiciamiento de infractores, Costa Rica lidera el índice con 75% de los entrevistados que afirman que los actos de corrupción son perseguidos penalmente en el país. Lo anterior se relaciona directamente con la eficacia de las leyes y sustenta los resultados interesantes a nivel nacional, considerando que el país se encuentra por encima del promedio regional en Latinoamérica en cuanto a la percepción sobre la eficacia de las leyes con un 48% (8 puntos por encima del promedio regional).

La otra cara de la moneda es que los encuestados clasifican a los partidos políticos (72%), gobiernos municipales (67%), poder ejecutivo (65%) y poder legislativo (64%) como los entes más corruptos, lo cual denota un reto importante y centra la atención en las medidas de mitigación de la corrupción en las instituciones públicas y cargos de representación popular. Uruguay y Costa Rica tienen los niveles más bajos de percepción de la corrupción en entidades gubernamentales dentro de la región, lo cual va de la mano con la confianza que se tiene para denunciar actos de corrupción y el contar con efectivos canales de denuncia.

El estudio permite concluir una realidad de la cual muchos estamos conscientes, la corrupción en la región Latinoamericana sigue siendo un reto. Sin embargo, se ha visto un cambio y avance positivo dentro de las empresas privadas, en lo que respecta a la mitigación de riesgos por medio de programas efectivos de cumplimiento; y de igual forma, se aprecia un cambio significativo en la cultura de los negocios en Latinoamérica. Estos desarrollos positivos en materia de ética y cumplimiento son el resultado de múltiples esfuerzos desarrollados tanto a nivel público como privado.

Sin demérito de lo anterior, uno de los retos principales que se concluye del estudio realizado, es la implementación y ejecución efectiva de las leyes anticorrupción. En el caso concreto de Costa Rica, los últimos cuatro años han sido muy positivos en la emisión de nuevas leyes en materia de anticorrupción; no obstante, hay una percepción de ineficiencias en cuanto a la efectiva aplicación de estas leyes y su régimen sancionatorio.

Entre las recomendaciones a las empresas para poder enfrentar los riesgos de corrupción, se encuentra la implementación y monitoreo de programas de cumplimiento, el desarrollo de mecanismos de mejora y difusión de los programas de cumplimiento, así como realizar auditorías periódicas y reforzar sus mecanismos internos de denuncia.