Es frecuente que, ante la existencia de precios altos, se pretenda controlarlos por medio de regulaciones. Este remedio, si bien suena tentador, rara vez es una solución adecuada. Más bien, los controles de precios tienden a agravar los problemas antes de solucionarlos. Paradójicamente, aún ante la abundante evidencia y repetidos ejemplos de fracaso, es común que algunos consumidores se sientan protegidos por este tipo de medidas a pesar de que casi siempre terminan perjudicándolos.

Es cierto que los mercados no son perfectos, ya veces es necesario intervenir en ellos. Pero el control de precios no es la única, ni la mejor, intervención posible.

Los precios altos en un mercado son tan solo el síntoma y no la causa del problema (problema que no desaparece ni se resuelve fijando los precios). Por ello, una intervención exitosa debe empezar siempre por averiguar las razones por las cuales el mercado no está funcionando de forma efectiva, para luego tomar medidas que atiendan directamente a estas causas específicas. Por ejemplo, eliminar barreras para promover el ingreso de más competidores, sancionar a quienes realicen prácticas monopolísticas, reformar regulaciones que limiten la capacidad de competir agresivamente, etc.

Regular los precios como primera opción y de forma permanente es ineficiente por varias razones. El regulador tiene norma de información limitada sobre el producto y el mercado, por lo que es prácticamente imposible que fije el precio al nivel que lo haría la competencia. Además, las aplicaciones frecuentemente buscan otras multas más allá del beneficio del consumidor (como por ejemplo el proteger a los actores a otros del mercado). Las fórmulas utilizadas para calcular los precios muchas veces contienen deficiencias y el proceso para aplicarlas es costoso. Además, existe siempre el riesgo que el regulador sea capturado ya sea por intereses empresariales o políticos. Todo lo anterior lo cual termina encareciendo los productos a costa del consumidor.

Es por ello que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor señala que las normas de precios deben ser siempre una medida de última instancia, para ser usada únicamente cuando no es posible introducir de otra forma de competencia en el mercado. Además, deben ser medidas temporales, para ser aplicadas únicamente mientras se mantengan las condiciones que la justifiquen. Esto implica, por supuesto, que mientras tanto se tomarán acciones para eliminar el problema de fondo y no tener que extender el control de precios más allá de lo necesario.

Acudir al control de precios sin agotar antes otras opciones regulatorias genera múltiples efectos no deseados. Muchas veces el precio fijado es superior al mercado, por lo que los consumidores terminan pagando más que lo que pagarían de haber competencia. Otras veces, el precio se fija demasiado bajo y no permite a las empresas operar rentablemente, lo cual genera escasez. Los comerciantes, en ocasiones, encarecen el precio de otros productos para subsidiar las pérdidas que les genera la regulación, y en muchos casos también se generan mercados informales para evadir los controles.

Prácticamente en todos los precios y tarifas que se fijan en el país se da una o varias de estas situaciones. No en vano los precios de los productos regulados en los últimos años han crecido el triple que los ofrecidos en competencia.

Esto genera ineficiencias y sobrecostos que surgen productos de consumo básico y que se reproducen en etapas sucesivas de la cadena de producción. Cuando, además, el producto o servicio regulado es seguro para producir otros, las ineficiencias se multiplican en otros mercados. Es decir, al final los consumidores terminamos pagando más por culpa de la regulación, que es exactamente lo opuesto de lo que se busca al fijar los precios.

Hay casos en que la regulación de precios sí se justifica, ya que no es posible introducir competencia al mercado de otras formas. En casos, para realmente favorecer a los consumidores, debe siempre optarse por regular únicamente las actividades en donde el control de precios sea indispensable, hacerlo de forma temporal (y en paralelo tratar de eliminar las barreras que impidan la competencia cuando sea posible), y buscando fórmulas y mecanismos que emulen la competencia en lugar de anularla.

Originalmente en crhoy