La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de reforma a la Ley N.° 9986 (Expediente N.° 24.547), se reforma el inciso f) del artículo 14, se reforma el inciso r), se corre la numeración de los incisos subsiguientes del artículo 119 y se reforma el párrafo final del artículo 119, mediante la cual se fortalece las obligaciones laborales, de seguridad social y de riesgos del trabajo aplicables a los oferentes y contratistas de la Administración Pública.
Entre los cambios más relevantes destacan:
- El reforzamiento de las obligaciones relacionadas con la CCSS, FODESAF, el INS y demás cargas laborales y de seguridad social.
- La incorporación de una causal específica de sanción por incumplimientos relacionados con salarios, aguinaldo, jornada laboral, pólizas de riesgos del trabajo y contribuciones a entidades como la CCSS, INA, FODESAF e IMAS.
- La posibilidad de que estos incumplimientos generen la exclusión de la oferta durante el procedimiento licitatorio o incluso la resolución contractual durante la etapa de ejecución.
¿Qué significa esto para las empresas?
Esta reforma reafirma una tendencia clara en la contratación pública costarricense: el cumplimiento laboral y de seguridad social deja de ser un aspecto meramente operativo y se consolida como un elemento determinante para acceder, mantener y ejecutar negocios con el Estado.
Las organizaciones que participan en procedimientos de contratación pública deben revisar sus modelos de cumplimiento, mecanismos de control interno y procesos de supervisión de contratistas y subcontratistas para identificar riesgos y asegurar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones legales.
Desde nuestra práctica de Derecho Público y Contratación Pública, consideramos que esta reforma exigirá a las empresas fortalecer sus programas de cumplimiento y adoptar una gestión más preventiva del riesgo contractual. La adecuada identificación y mitigación de contingencias laborales será cada vez más relevante para preservar la elegibilidad en los concursos públicos y garantizar la continuidad de los contratos administrativos.
Si su organización participa en licitaciones o ejecuta contratos con entidades públicas, en BLP nuestro equipo de especialistas se encuentra capacitado y actualizado para apoyarle en la evaluación de riesgos, verificación de cumplimiento y diseño de estrategias para adaptarse a este nuevo marco regulatorio.