El Congreso de la República ha promulgado el Decreto 11-2025, una reforma integral que transforma el marco legal penal en Guatemala, con el objetivo de combatir de manera más efectiva a las maras, pandillas y organizaciones criminales transnacionales. Aunque estas disposiciones se dirigen principalmente a perseguir estructuras delictivas, las empresas deben prestar especial atención, ya que las nuevas figuras penales y medidas de control buscan ser una solución a delitos que afectan directamente al sector privado en su actividad.
Puntos clave del Decreto 11-2025:
- Reconocimiento y sanción de maras y pandillas: Se declara a las maras y pandillas como grupos criminales, organizados, transnacionales y terroristas, estableciendo procedimientos claros para su identificación y designación oficial.
- Endurecimiento de penas: Se agravan las sanciones para delitos cometidos por integrantes de estos grupos, incluyendo extorsión, usura, reclutamiento ilícito de menores, obstrucción extorsiva del tránsito y otros delitos conexos.
- Reformas a leyes clave: Se modifican la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Régimen Penitenciario, incorporando nuevas figuras delictivas y restricciones, como la prohibición de medidas sustitutivas para ciertos delitos.
- Nuevas medidas penitenciarias: Se crea la obligación de contar con centros de máxima seguridad y bases de datos especializadas para el control y seguimiento de personas privadas de libertad vinculadas a estos grupos.
- Facultades ampliadas para autoridades: El decreto otorga mayores atribuciones a las autoridades para la adquisición de equipo táctico, la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional en materia de seguridad y extradición.
- Prevención y protección: Se refuerzan los programas de prevención dirigidos a niñez y juventud en riesgo, así como la protección de víctimas y testigos.
Estas reformas pueden tener un impacto directo en la gestión de riesgos, cumplimiento normativo e incluso defensa penal, tanto para personas como para organizaciones que puedan verse involucradas, directa o indirectamente, en investigaciones o procesos relacionados con estos delitos.
En atención a esto, debemos contar con una asesoría penal estratégica, con amplia experiencia en la interpretación y aplicación de reformas legales complejas. Dicha asesoría debe ser dirigida a:
- Establecer protocolos de prevención, denuncia y respuesta ante delitos relacionados.
- Analizar el impacto de estas reformas en tus actividades o intereses.
- Evaluar riesgos y diseñar estrategias de prevención y defensa.
- Brindar acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.
El presente decreto, es un reflejo de la necesaria evolución normativa, atendiendo a factores sociales, y que transforma la manera en que las autoridades responden a ello, en búsqueda del bien común y en este caso, la seguridad.