La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), como dependencia del Ministerio de Economía de la República de Guatemala, se encuentra a cargo de intervenir como autoridad en los procesos sancionatorios administrativos derivados de inconformidades de los consumidores de productos o servicios, todo ello a través de la queja administrativa.
En la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y su respectivo reglamento, se disponen una serie de obligaciones para los proveedores de bienes o servicios que, en caso de incumplimiento, el proveedor puede resultar sancionado con una multa pecuniaria que en muchas ocasiones supera el valor del bien o servicio.
Normalmente son los consumidores quienes presentan la queja, sin embargo, es el proveedor quien tiene la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones. Hemos observado que muchos proveedores no cuentan con el soporte documental de la venta y del cumplimiento de sus obligaciones mandadas por la ley en referencia, por lo que se encuentran en un alto riesgo de ser sancionados.
Si usted como proveedor es llamado a este tipo de procedimientos administrativos, existen soluciones legales y de cumplimiento, previas a la imposición de la sanción administrativa o, incluso cuando ya haya sido impuesta, que pueden utilizarse como mecanismos legales para evitar el pago de la sanción pecuniaria o la reducción de esta.
Es necesario que el proveedor se asegure de contar con protocolos y procedimientos relacionados a la materia de la Ley de Protección al Consumidor y que cumpla sus obligaciones para evitar ser sancionado. Asimismo, es fundamental hacerse acompañar de asesoría profesional y especializada para la defensa de dichos procedimientos sancionatorios. En BLP podemos brindar esta asesoría legal preventiva y será un gusto apoyarles.
Javier Chacón
Asociado
Guatemala
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