Costa Rica se ha posicionado como referente a la hora de buscar soluciones frente a la pandemia por COVID-19 específicamente en cuanto a la accesibilidad de tratamientos y medicamentos para la población mundial, sin consideración de su poder adquisitivo. El pasado 24 de marzo, el Gobierno de Costa Rica contactó a Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, a quien le propuso coordinar e incentivar dos principales medidas:
- Desarrollar e instar a los miembros de la OMS a firmar un Memorando de Entendimiento para formar lo que se conoce como un “patent pool”, es decir un grupo de patentes, y de cualquier activo sujeto a propiedad intelectual, que pueda ser utilizado sin restricción alguna por los firmantes de ese Memorando. La idea es crear una plataforma de información y tecnología a la que se pueda acceder libremente y se puedan obtener licencias de uso de dicha tecnología, las cuales deberán ser obligatoriamente otorgadas, con el fin de acceder a pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas.
- Requerirle al Observatorio Mundial de la Investigación y el Desarrollo Sanitario a crear una base de datos para ser utilizada por los Estados Miembros con información relativa a pruebas de diagnóstico, medicamentos y vacunas, lo que evitaría dobles esfuerzos en investigación por parte de diferentes entidades.
Desde el punto de vista de la legislación aplicable, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) señala que los Miembros, al formular o modificar su normativa, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, por lo que la propuesta del Gobierno de Costa Rica tiene cabida.
A nivel nacional, la Ley de Patentes en Costa Rica señala que cuando así lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno.
Desde la recepción de la propuesta del Gobierno de Costa Rica, la OMS ha ejercido acciones para hacerla realidad. Sin embargo, se trata de un tema sensible para las empresas farmacéuticas y algunos sectores con considerables intereses económicos. Actualmente, hay decenas de empresas compitiendo por encontrar una vacuna efectiva contra el coronavirus, para lo cual se invierte gran cantidad de dinero, tiempo y conocimiento técnico y especializado. La concesión de una patente para una vacuna le otorgaría a la empresa solicitante el derecho de impedir que terceros comercialicen dicha vacuna sin su consentimiento, lo que implicaría que dicha empresa podría comercializarla por el precio que desee y exclusivamente a quienes desee. Considerando la salud pública, es que nace esta iniciativa de Costa Rica, buscando superponer el interés humano de salir de la pandemia sobre el interés económico de un titular de una patente.
No obstante, países como Estados Unidos o el Reino Unido ya han expresado su desaprobación a participar en esta propuesta. Pero muchos otros países, incluyendo potencias mundiales, han aceptado formar parte y han aplaudido la propuesta como un acto humanitario. Incluso, muchos aseguran que construir una plataforma de inteligencia colectiva y compartir equitativamente los riesgos y recompensas en innovación no compromete las posibles ganancias económicas de una empresa, sino que, al contrario, las asegura, pues si todos los involucrados hacen su mejor esfuerzo, el desarrollo científico dará un salto gigante en términos de avances tecnológicos, lo que, a su vez, producirá mayores réditos a largo plazo.
Todos los países a lo largo del planeta han visto sus economías golpeadas a causa de los confinamientos por la pandemia, por lo que cada día en que no se tiene una vacuna equivale a miles de millones de dólares perdidos. El hecho de que una compañía encuentre una vacuna y que otra compañía invente el mejor método para aplicarla y que ambas compañías se pueden beneficiar mutuamente y beneficiar a la población mundial equivale a ayudar a salvar la economía mundial. Y esto es precisamente lo que el Gobierno de Costa Rica ha vislumbrado y el por qué, a nivel global, cientos de medios de comunicación hablan sobre la propuesta costarricense.
Será necesario esperar a ver qué sucede una vez las patentes estén en trámite para conocer la operatividad de la propuesta nacional.