La Asamblea legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca incentivar las inversiones fílmicas en el país. Acorde con esta Ley, se declara de interés público la atracción de inversiones de la industria fílmica internacional en territorio costarricense, su promoción y la generación de encadenamientos productivos.

La importancia de esta Ley radica en el posicionamiento de Costa Rica como destino para filmaciones, lo que implicaría un crecimiento en consumo de bienes y servicios en el país mediante el incremento de la inversión de capital extranjero, un crecimiento en contrataciones de personal costarricense, un incentivo más para el turismo, así como la oportunidad de desarrollar el talento costarricense en toda la gama de producción audiovisual.

Bajo el concepto de actividades fílmicas se incluyen películas de corto, mediano y largo metraje; documentales, series y novelas; reality shows, mercadeo audiovisual, comerciales y videoclips; series de televisión; dibujos animados, animaciones digitales y videojuegos.

La Ley establece cuatro incentivos fiscales en específico:

  • Se exoneran del impuesto sobre la renta del trabajo personal dependiente o independiente y de las retenciones por remesas a los actores, actrices, directores, productores, personal técnico y todos aquellos necesarios para el desarrollo del proyecto, siempre que dichos pagos no sean realizados con fondos de fuente costarricense.
  • Se exonera la importación temporal de los equipos y repuestos para la producción fílmica y audiovisual al territorio.
  • Se exonera la importación de útiles, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico.
  • Se exonera un 90% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las compras de bienes o servicios costarricenses, cuando superen los $500.000. El restante 10% será destinado al fondo que administra el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura para el fomento audiovisual, conocido como “El Fauno”.

Asimismo, se facilitan gestiones migratorias para las personas extranjeras que se requieran para el desarrollo o ejecución de proyectos aprobados.