Es necesario irnos a septiembre de 1999, durante la administración Rodríguez Echeverría y como parte del “Foro de Concertación Nacional”. Se discutía la conveniencia y necesidad de desmonopolizar el mercado de seguros para abrirlo a la competencia privada.
Para los promotores, la apertura del mercado de seguros en Costa Rica mejoraría la calidad y oferta de coberturas de seguros, mejores mecanismos de formación de precios a través de competencia abierta, protecciones adecuadas para los consumidores (a través de una superintendencia de seguros con funciones normativas y de supervisión), y el impulso de la economía como un todo mediante el desarrollo de aseguradores como inversionistas institucionales claves.
Por su parte, algunos detractores de la libertad económica y la apertura de mercados señalaron que con la del mercado de seguros, lo que ocurriría es que el Instituto Nacional de Seguros quebraría, los bomberos iban a quedar desfinanciados y las “compañías extranjeras” iban a venir a competir deslealmente sin establecerse o invertir en el país.
Afortunadamente, con ocasión del décimo aniversario de la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (Ley 8653 de 7 de agosto de 2010), podemos afirmar que se cumplieron los vaticinios de quienes promovían la apertura y no ocurrió lo que pronosticaron los opositores.
Por motivos políticos, la apertura del mercado de seguros tuvo que esperar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés como “CAFTA”) mediante el famoso referéndum del 7 de octubre del 2007.
Es así como hoy en día existen más de 700 seguros distintos registrados ante la Superintendencia General de Seguros, SUGESE. Cuando se abrió el mercado, el INS ofrecía alrededor de 160 productos. Asimismo, la calidad de los condicionados y la diversidad de coberturas, planes, opciones y más, ahora es mucho mayor.
En cuanto a los mecanismos para formación de precios, la dinámica propia y obvia de la competencia generó una reducción sustancial en los precios de prácticamente todos los seguros, al punto que en alguna época hace unos años, los seguros de automóviles, por ejemplo, se encontraban en niveles de precio del 50% de aquellos de la época del monopolio.
Incluso, tan fuerte ha sido la competencia, que el INS fue sancionado hace algunos años por vender seguros debajo del costo, lo que la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) calificó como práctica monopolística.
En cuanto a la protección de los consumidores, basta señalar que hoy día existe una Ley Reguladora del Contrato de Seguro (Ley 8956) con un enfoque sustancial a favor del consumidor, así como instancias de atención de quejas y reclamaciones que no existían antes: la SUGESE y las oficinas de atención del consumidor de seguros.
En cuanto a supervisión y solvencia, contamos con una SUGESE que tiene personal de primer nivel, profesional, comprometido, capacitado y con excelente disposición para atender a los supervisados y a los consumidores. Aunque a veces podamos discrepar a nivel técnico con algunos de sus criterios regulatorios, lo justo es reconocer que las autoridades del Banco Central, el CONASSIF y la SUGESE han llevado por buen camino estos primeros 10 años de la apertura.
Siempre en esta línea, hoy el país cuenta con compañías de capital costarricense y extranjero, sólidas desde el punto de vista patrimonial, con respaldo de reaseguro de primer nivel y buenas calificaciones de riesgo, bajo un marco de regulación de primer mundo.
Finalmente, también vemos cómo se desarrolló la industria del seguro, tanto desde su operador estatal en la figura del INS, como a través de las 12 empresas privadas del segmento asegurador y las muchas empresas de otros segmentos del mercado, tales como agencias y corredoras de seguro.
En Costa Rica operan 13 compañías de seguros y existen 33 sociedades corredoras de seguros encargadas de asesorar a los clientes en la decisión de compra del seguro al asegurador que mejor satisfaga sus intereses.
Además, estas sociedades dan trabajo a 574 corredores de seguros. Por su parte, hay más de 2.200 agentes de seguro (cifra que duplica la que existía en la época del monopolio). Existen más de 80 operadores de seguros autoexpedibles, canales de venta no tradicionales que, con la apertura, surgieron con el fin de llevar más seguros a la población.
El mercado de seguros pasó de menos de US$700 millones de primas a más de US$1.200, siendo el sector más dinámico de la economía durante estos diez años con tasas de crecimiento sostenidas de dos dígitos.
El INS, aunque obviamente perdió cuota de mercado al perder el monopolio, ha visto sus ingresos en términos reales crecer de forma consistente, precisamente movido por la competencia.
Pero no todo es color de rosa, aunque hemos avanzado mucho, podemos seguir mejorando en cuanto a educación y cultura del consumidor.
Existen también algunas barreras regulatorias en las que el país debe trabajar para facilitar la colocación de seguros. Por ejemplo, debemos simplificar y racionalizar normativa en temas como gobierno corporativo (especialmente para el sector de intermediarios de seguros) y en lavado de dinero, para enfocar los esfuerzos en aquellas gestiones que verdaderamente reduzcan el riesgo de lavado de dinero en seguros y no en trámites y gestiones que fueron diseñados para otras industrias como los bancos.
También debemos profundizar la protección de riesgos del Estado mediante la adquisición de seguros en términos competitivos, no solo al INS. La ley lo permite pero, aunque ya hay incursiones, es tímida la participación de empresas aseguradoras privadas en la cobertura de riesgos del Estado.
Sin duda alguna, el gran ganador de la apertura de seguros ha sido el país y el consumidor costarricense, lo que nos pone frente al reto de abrir otro mercados (energía, hidrocarburos, etc.) y así seguir dinamizando nuestra economía.
[1] Abogado. Socio del bufete BLP. Máster en Derecho de Seguros por la Universidad de Connecticut, EE.UU. Profesor de Derecho de Seguros, Universidad de Costa Rica. Presidente de la Asociación Costarricense de Derecho de Seguros y las Fianzas (ACODES).
Neftalí Garro Zúñiga [1]