Victoria Mora
senior paralegal - costa rica
Con la Ley General de Contratación Pública (LGCP), el artículo 117 introdujo un cambio significativo en la forma de gestionar los contratos de obra pública: la incorporación de los Comités de Expertos, conocidos internacionalmente como Dispute Boards. Esta figura permite anticiparse a los conflictos en lugar de esperar a que escalen a un arbitraje o a la vía judicial, gracias a un panel técnico que acompaña la ejecución del contrato y ayuda a resolver las diferencias a tiempo. La experiencia costarricense entre 2022 y 2024 muestra que esta herramienta se encuentra todavía en una etapa temprana de consolidación, con una oportunidad clara para fortalecerla.
¿Qué son y para qué sirven los Comités de Expertos?
Los Comités de Expertos son paneles técnicos que acompañan la ejecución de un contrato de obra pública desde su inicio, con el fin de detectar y resolver diferencias técnicas o contractuales apenas surgen, antes de que se conviertan en disputas formales. Su principal fortaleza está en el conocimiento técnico que sus integrantes acumulan sobre el proyecto conforme este avanza, lo que les permite emitir criterios oportunos y ajustados a la realidad del contrato, algo que los mecanismos tradicionales, que suelen intervenir cuando el conflicto ya escaló, no logran ofrecer de la misma forma. La experiencia internacional respalda su valor: en los contextos donde se han implementado de forma consistente, los Dispute Boards han contribuido a reducir litigios y a garantizar la continuidad de las obras.
Una figura en proceso de consolidación en Costa Rica
La incorporación del artículo 117 marcó un antes y un después en la forma en que Costa Rica aborda la gestión de conflictos en la obra pública. Como toda herramienta nueva, su implementación atraviesa una etapa de maduración institucional en la que ya se identifican aprendizajes claros (2022-2024):
- La obligación ya se refleja de forma consistente en la redacción de los contratos, lo que sienta una base sólida para fortalecer su aplicación operativa.
- Los comités que sí han logrado activarse plenamente, como los estructurados bajo modelos internacionales tipo FIDIC exigidos por organismos multilaterales, muestran que la figura funciona bien cuando existen lineamientos claros de implementación.
- Definir con mayor claridad las consecuencias de no conformar o activar el comité permitiría fortalecer aún más su aplicación práctica.
- Reorientar su uso hacia la función preventiva para la que fue diseñada, en lugar de un uso reactivo, es la siguiente oportunidad de mejora.
Oportunidades para fortalecer su implementación
- Ampliar la capacitación y los lineamientos sobre cómo conformar y operar un comité fortalecería su adopción generalizada.
- Posicionar a los comités como aliados técnicos, y no como fiscalizadores externos, frente a las Administraciones puede facilitar una relación de mayor colaboración durante la ejecución de las obras.
- Dar mayor visibilidad a los casos y resoluciones existentes generaría confianza institucional y aprendizaje colectivo.
- A medida que se acumule experiencia práctica, es natural que las Administraciones ganen mayor confianza en estos mecanismos frente a las vías tradicionales.
Una herramienta con gran potencial
El artículo 117 representa una apuesta importante por modernizar la gestión de los contratos de obra pública en Costa Rica. Su implementación se encuentra en una etapa temprana, con espacio claro para fortalecerla mediante mayor capacitación, lineamientos más precisos y mayor transparencia en sus resoluciones. Con estos pasos, los Comités de Expertos tienen el potencial de consolidarse como una herramienta real de prevención, tal como ya ha ocurrido en contextos donde la figura se ha implementado de forma consistente.
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