El Congreso de la República de Guatemala aprobó, de urgencia nacional, la Ley de Ciberseguridad, contenida en el Decreto 26-2026 y originada en la Iniciativa de Ley No. 6347.

La Ley establece un marco jurídico para prevenir, atender e investigar incidentes de ciberseguridad, proteger las infraestructuras críticas y sancionar conductas relacionadas con la ciberdelincuencia. También incorpora disposiciones sobre evidencia digital y cooperación nacional e internacional.

La nueva estructura institucional estará integrada por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Dirección Nacional de Ciberseguridad, adscrita al Ministerio de Gobernación, y el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, que deberá entrar en funcionamiento dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley. Asimismo, la normativa diferencia las funciones estatales de ciberseguridad de las correspondientes a la ciberdefensa, estas últimas a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional.

La Ley introduce nuevos delitos informáticos y prevé obligaciones relacionadas con la gestión de riesgos, la protección de activos digitales y la respuesta frente a incidentes. Su impacto será especialmente relevante para las entidades públicas y privadas que administren o presten servicios vinculados con infraestructuras críticas.

Una vez que el Decreto complete el proceso de sanción, promulgación y publicación, será necesario confirmar su fecha de entrada en vigor, los plazos de implementación y el alcance de las obligaciones aplicables a cada organización.

El equipo de BLP se encuentra disponible para asesorar a nuestros clientes en el análisis de la Ley de Ciberseguridad, la evaluación de su impacto legal y operativo, y la revisión o implementación de las medidas de cumplimiento aplicables.