La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad promovida contra disposiciones del Acuerdo Gubernativo 133-2024.
Con esta resolución, se mantiene vigente la obligación de identificar al beneficiario final para todas las personas individuales y jurídicas que buscan inscribirse, actualizar o permanecer en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
Como consecuencia, se deja sin efecto la suspensión provisional otorgada durante la tramitación del proceso, por lo que la obligación de declarar la estructura de propiedad y control vuelve a ser aplicable.
En la práctica, esto implica que las autoridades continúan facultadas para exigir información clara sobre:
- Estructura de propiedad
- Accionistas
- Personas físicas que ejercen el control efectivo final
Este criterio refuerza el estándar de transparencia corporativa y escrutinio en la contratación pública en Guatemala.
Para las empresas proveedoras del Estado, contar con información actualizada y trazable sobre su estructura corporativa ya no es opcional, sino determinante para su participación en procesos públicos.
En BLP, monitoreamos de cerca estos desarrollos regulatorios para asesorar a nuestros clientes en el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos legales en sus operaciones.
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